La Pobreza en Cuba Hoy
(1) La pobreza hoy: Usted ha descrito la pobreza en Cuba como cada vez más estructural. ¿Qué aspecto tiene esto en 2026 en términos concretos y cómo se están adaptando los hogares cuando ya no logran cubrir sus necesidades básicas?
Los cuatro meses transcurridos del nuevo año no han hecho más que acentuar las desventajas sociales y afianzar su carácter estructural. A las ya asentadas carencias y dificultades en el acceso a alimentación, medicamentos, servicios de salud, higiene comunitaria, transporte, agua y energía en el hogar, la pérdida de los vínculos con Venezuela y el nuevo bloqueo petrolero de la administración norteamericana han dado otra vuelta de tuerca al escenario de precarización.
La respuesta gubernamental a la policrisis sigue, a mi modo de ver, sin captar su complejidad y profundidad y las medidas quedan por debajo, con distancia, de los cambios y las soluciones necesarios y no tocan las bases estructurales de la pobreza y la desigualdad, tienden a reproducirlas.
Los hogares se ven empujados a adaptarse, como pueden, en condiciones en que la vida cotidiana y sus necesidades funcionan como variable de ajuste hacia la baja, cuyos estándares no se recuperan con ninguna medida de las tomadas hasta hoy, sino que tienden a decrecer. Las estrategias familiares de sobrevivencia y manejo de riesgos dependen de los activos: ingresos (trabajo, remesas, negocios), bienes que puedan ponerse en valor, redes de apoyo para la sobrevivencia o para acceder a oportunidades.
He encontrado, en grupos pobres o de bajos ingresos, un espectro de estrategias en funcionamiento muchas de las cuales producen algún tipo de daño en la familia, en lo inmediato o en el medio plazo, como acciones para garantizar compra de alimentos a través de reducir otros gastos que afectan necesidades relevantes: prescindir de arreglos de vivienda, ropa, ocio, aseo y concentrarse en lo básico – mínimo; reducir gastos en salud y educación; abandonar tratamientos de salud; adultos del reducen consumo de alimentos para proteger a niños y niñas o a personas enfermas.
Otras estrategias intentan ampliar el presupuesto familiar o mejorar el consumo, como jóvenes que deciden abandonar estudios para dedicarse a labores que permitan acceder a ingresos; miembros adultos de la familia se enrolan en pluriempleo o en tareas remuneradas informales eventuales y muchas veces precarias; niñas, niños y adolescentes hacen algunos trabajos por los que reciben pagos en dinero, comida o productos; miembros adultos ayudan a otras familias y amigos para recibir algún apoyo en dinero o productos; elaboración y ventas de productos para mercados de microescala y bajos estándares de calidad (p.e. frituras, café, durofrío); alquilar la casa o parte de ella; vender activos productivos (herramientas o equipos de trabajo, el carro, la moto, animales de reproducción); vender bienes del hogar (lavadora, televisor, muebles, refrigerador, cocina, teléfono, equipos de cómputo); vender la casa o parte de ella; pedir prestado, contraer deudas.
Sembrar alimentos o criar animales en el patio o en tierras de amigos y/o familiares, pedir ayuda en dinero productos a familiares; solicitar apoyo de programas públicos, a iglesias u otras organizaciones o proyectos no estatales, son también acciones para capear el temporal. Por supuesto, la emigración sigue siendo la estrategia-deseo estrella, especialmente para jóvenes y adultos jóvenes, alcanzable solo para algunos.
Trabajos extremadamente precarizados, mendicidad y prostitución afloran con sus daños.
(1a) Un informe de Septiembre de 2025, ampliamente citado y elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reveló que el 89 % de los cubanos vive en situación de pobreza extrema. Aproximadamente en la misma época, usted calculó —basándose en datos del Dr. Omar Everleny Pérez Villanueva— que entre el 40 % y el 45 % de los cubanos vivía en la pobreza. En un sentido más amplio, ¿qué datos, qué acceso y qué capacidad institucional serían necesarios para medir la pobreza en Cuba de manera más precisa y transparente?
No estoy en la mejor posición para discutir con los resultados de encuestas sobre pobreza en Cuba, pues no dispongo de la información esencial para su cálculo: ingresos personales y del hogar y cobertura de necesidades esenciales. Estos no son datos públicos en Cuba. Tampoco tengo recursos financieros, políticos e institucionales que me permitan hacer mi propia investigación cuantitativa estadística, con una muestra representativa y una metodología internacionalmente validada.
En tales circunstancias, en 2025, tomando como guía la canasta básica calculada por Omar Everleny Pérez , mucho más realista que la usada en la Tarea Ordenamiento, contrasté la información disponible sobre estructura de la ocupación, empleados en el sector público y el privado, salarios, pensiones, ingresos del sector privado y remesas, con el tamaño promedio de los hogares y la posible proporción de adultos mayores de bajos ingresos viviendo solos, y estimé ese 45 % de personas en situación de pobreza económica, definida como personas que no pueden, cubrir necesidades esenciales, particularmente de alimentación, con sus ingresos
La información que utilicé ha sido captada en momentos diferentes y proviene de fuentes diversas, estadísticas oficiales de la ONEI, informes de UNICEF como la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2019 y sobre la pobreza alimentaria infantil de 2024, estudios cuantitativos y cualitativos precedentes y mis propias observaciones y entrevistas en diferentes territorios del país. Así esa proporción no es un dato concluyente, es solo un indicativo, un punto rojo, que muestra, ante el silencio o subvaloración oficial, una cifra elevada de población empobrecida.
La pobreza tiene grados, en ese 45% hay situaciones moderadas, medias y extremas, estas últimas por debajo de la sobrevivencia, punto en el cual la existencia es muy frágil, infrahumana. Y claro que en general, se verifica un proceso de precarización de la vida cotidiana que afecta a la sociedad en su conjunto, en mayor o menor grado, en dependencia de ingresos, redes y posibilidades.
Sobre el dato de 89% de las familias cubanas viviendo en pobreza extrema y la afirmación de que 7 de cada 10 personas se privan de una comida del día, el estudio se basa en una muestra que resulta pequeña para una medición cuantitativa, estadísticamente representativa, de la pobreza. Como el informe no incluye la encuesta no se puede juzgar sobre la metodología y las preguntas concretas. Tampoco explica cómo se controla la muestra con medios digitales de interrogación. Quizás sea más un estudio de percepción. El informe no ofrece argumentos suficientes para hacerse una opinión.
Una contrastación útil para matizar la validez de la muestra utilizada, según este estudio, solo el 37% de las familias recibe remesas. Este dato es, cuando menos llamativo. Investigaciones anteriores daban proporciones mucho mayores, 66% según Mesa-Lago. Habiendo crecido tanto la emigración en los últimos años es difícil que el % de familias que reciban remesas no sea mayor. Si bien el monto monetario total de las remesas enviadas a Cuba ha disminuido, no han cesado, y las actuales modalidades de “remesas en especies”, “los combos” y los pagos desde el extranjero de servicios disímiles, facilitados a través del wasap y plataformas virtuales, se expanden significativamente y numerosas familias están recibiendo un apoyo en alimentación, medicamentos y acceso a servicios.
Las características de la muestra apuntan hacia la sobrerrepresentación de población no blanca, dentro de la cual tienen un peso mayor grupos de menores ingresos. Ambos elementos, remesas y color de la piel, parecen indicar que el estudio padece de una subrepresentación de grupos de ingresos por encima de la línea de pobreza.
Por otra parte, utilizar como patrón el umbral de pobreza extrema fijado por el Banco Mundial en 2015, en 1,90 USD, es un elemento que, si bien da una idea comparativa de los estándares de vida internacionales, tiende a omitir condiciones nacionales que pueden mejorar o agravar ese patrón.
La encuesta de hogares, metodología muy usada en América Latina, con una línea de pobreza de ingresos establecida según las situaciones nacionales concretas, permite identificar brechas entre ingresos familiares y satisfacción de necesidades y calcular grados de pobreza, así como las áreas de mayores privaciones. Entiendo que el Ministerio de Economía y Planificación la implementa, o implementaba hasta hace poco, pero sus datos no son públicos. Es un tema que se considera de alto perfil político y no divulgar sus resultados priva a la ciudadanía del derecho de acceder a una información significativa sobre la realidad nacional.
La investigación cuantitativa y estadísticamente representativa de ingresos, necesidades, desigualdades y pobreza es costosa, pero imprescindible. Imagino la posibilidad de formar un equipo de instituciones académicas competentes en el tema, con recursos de la colaboración internacional, agencias de naciones unidas, por ejemplo, asesoría técnica internacional (dígase CEPAL, por ejemplo), involucrando instituciones de política social y a la ciudadanía, en una fórmula de investigación colaborativa, transparente y movilizativa hacia la ideación de soluciones y la activación de solidaridades.
(1b) Como se ha mencionado, esos cálculos se realizaron en Septiembre de 2025. Más de seis meses después, las condiciones en la isla han empeorado significativamente, particularmente debido a la pérdida de fuentes externas clave de combustible y al continuo deterioro del envejecido sistema energético de Cuba. ¿Cómo cree que podrían haber variado los niveles de pobreza desde entonces, y qué indicadores observaría con mayor atención para determinar si la pobreza se ha agudizado y en qué medida?
Recientemente Omar Everleny Pérez ha recalculado el costo de la vida en un hogar promedio y muestra que este ha pasado de 45 401 CUP, estimados a inicios de 2025, a 61 710 pesos en la actualidad. El costo de una canasta básica de alimentación, para dos personas, es de 33 mil CUP mensuales, un incremento de más de 8000 CUP con relación al año anterior. Costo de la vida - OnCubaNews. Mientras, el incremento de salarios y pensiones se mantiene por debajo de la inflación.
De modo que es necesario actualizar la estimación de pobreza, porque ciertamente este flagelo ha aumentado. Pero no puedo responder ahora, aún no he concluido nuevas estimaciones y espero el anuario estadístico de Cuba del 2025, la encuesta nacional de ocupación, avances de estudios en curso sobre remesas, ingresos en el sector privado y resultados de mis estudios sobre prácticas y estrategias de vida cotidiana, para acercarme lo más posible a lo real.
Más allá de los números, esenciales para las políticas sociales, para comprender las situaciones de pobreza, que son heterogéneas y con daños y oportunidades diferentes para actuar sobre ellas, considero imprescindible el estudio de la vida cotidiana, de las prácticas y estrategias que se despliegan para enfrentar las situaciones críticas en los hogares y la autopercepción de las personas en esas situaciones, su propia visión sobre qué hacer, qué necesitan, cómo pueden acompañarles las políticas para transitar hacia una vida digna .
Este tipo de observación permite distinguir grados de severidad de la precarización de la vida en grupos y territorio concretos, a la vez que, a partir de la propia voz de los sujetos involucrados, encontrar posibles soluciones y vías de mejoramiento.
(2) Brecha de políticas: Cuba ha adoptado una nueva generación de políticas sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y la desigualdad; sin embargo, las condiciones continúan deteriorándose. ¿Dónde radica la desconexión y qué tendría que cambiar para que estas políticas tengan un impacto real a gran escala?
Desde 2019 Cuba se ha incorporado a la oleada modernizadora que en la región latinoamericana se conoce como políticas de inclusión (Nueva generación de políticas|CEPAL) marcadas por la perspectiva de derechos, el universalismo sensible a la diversidad, la reparación de brechas de equidad históricas y el rol de las políticas de escala local y de la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación, el uso de herramientas afirmativas, focalizadas y de priorización de grupos en situación de vulnerabilidad.
Entre ellas destacan la Política integral de infancias, adolescencias y juventudes, el Programa para el adelanto de la mujer, el Programa nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial, el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, el programa de atención a personas, familias y comunidades vulnerables y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar.
El reconocimiento de la existencia y necesidad de atención y protección diferenciada hacia las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y violencia es ya un avance en términos de formulación estratégica, al superar la perspectiva universalista homogenizadora, de baja sensibilidad para atender la diversidad de necesidades y puntos de partida en que se encuentran distintos grupos sociales.
Pero avanzan poco en el logro de transformaciones concretas y están lastradas por disímiles barreras. La restricción de recursos es una de ellas, pero se agrava por el desfasaje con respecto a las urgencias críticas. Son políticas formuladas para tiempos relativamente “normales”, no de policrisis. La situación requiere distinguir, dentro de las prioridades, emergencias y urgencias y actuar aceleradamente para proteger a los grupos en mayor vulnerabilidad, por el momento los extremos de la vida (franjas de ancianos y de la primera infancia, en familias de bajos ingresos), sobre la base de diagnósticos locales rápidos y distribución diferenciada de los escasos recursos. No pueden permitirse tiempos de espera.
Los montos y fuentes de financiamiento no aparecen declarados y en el presupuesto anual del país, lo gastos previstos en salud, educación, agricultura, seguridad social, parecen estar muy por debajo de lo requerido
Se añade la lentitud de aplicación, la falta de claridad en los mecanismos y áreas de priorización y de participación ciudadana y la resistencia silenciosa de las autoridades y burocracias de todos los niveles a modificar fórmulas viejas centralizadas de asignación de recursos y toma de decisiones y salir de su zona de confort y privilegios, resistencia tan fuerte que obstruye el avance de una reforma que el propio PCC instaló.
Las acciones de estas políticas quedan integradas en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, definido por las autoridades como la guía de planificación e implementación para la gestión de crisis, para reimpulsar la economía y responder a distorsiones críticas, desequilibrios macroeconómicos internos y a impactos externos severos, es la respuesta a la intensificación de la policrisis y parece mostrar mayor noción de las urgencias (presidencia.gob.cu/media/filer/public/2026/04/01/programa_economico_y_social_del_gobierno_2026.pdf).
Resalta que el programa se acompaña de medidas rápidas para ampliar fuentes de financiamiento en divisas, (como facilitar y agilizar la inversión extranjera, incluidos los cubanos emigrados, establecer canales formales amigables para el envío de remesas, entre otras); ampliar progresivamente el alcance de la energía renovable, solar fundamentalmente, a partir de inversiones nacionales, apoyo de la colaboración internacional y facilidades impositivas para que el sector privado y doméstico la incorporen. Servicios de salud y actividades productivas esenciales son los primeros en recibir estas mejoras de suministro energético.
Sin embargo, esta hoja de ruta mantiene, subyacente, una visión economicista y de efecto de derrame. No es que se omita la cuestión social y las políticas sociales respectivas. A esto se dedica un objetivo concreto, pero centrado en recuperación de servicios y la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad. Son objetivos imprescindibles e impostergables, pero lo social debería imbricarse con lo económico de una manera orgánica, no como efecto esperable de mejoras económicas.
El programa deja intacta la esfera política, no incluye ninguna transformación en términos de ampliación de la participación ciudadana, ni transformaciones económicas profundas hacia la recuperación de un sector público ajustado y competente y formas de producción cooperativa, de economía social y solidaria, comunitaria o de responsabilidad social, ni fomento de la actividad económica inclusiva, lo que sería la verdadera clave para la generación de opciones de inclusión económica que contribuyan a mitigar y superar las desventajas.
Por otra parte, redactado como enunciados generales de metas “alcanzar”, “perfeccionar”, “fortalecer”, el Programa no establece urgencias y prioridades dentro del conjunto de aspiraciones ni las forma de alcanzarlas.
Lo más importante es que las bases estructurales de la pobreza y la desigualdad no se debilitarán con este plan.
¿Qué habría que hacer para lograr impactos reales de escala?
Sería pretensioso responder esta pregunta desde la soledad y la comodidad académica. Se trata de una tarea de formulación democrática, multidisciplinar, colaborativa y participativa entre saberes diversos (ciudadanos, académicos, políticos, entre otros) que está aún por hacer.
Solo quiero apuntar que la idea se resume en cambios estructurales profundos que, a la vez que permiten obtener el financiamiento necesario para activar la economía y rescatar servicios, se articulan con las políticas de inclusión a escala local con especial peso de aquellas acciones que modifican los pilares de la reproducción de las desventajas. Hay ya mucho escrito y propuesto sobre eso.
(3) Impacto energético: ¿Cómo se han traducido el reciente impacto energético y la creciente presión por parte de Estados Unidos en realidades vividas? ¿Estamos presenciando una profundización mensurable de la pobreza o un desplazamiento hacia formas más extremas de privación?
El “choque energético” tiene una clara y rápida huella en la vida de la gente: los apagones son más largos y abundantes en todo el país, incluyendo en la capital; el transporte público está punto menos que paralizado; la educación universitaria y técnica, han pasado a modalidad virtual o por encuentros, en circunstancias en que apenas hay conexión a internet; amplias franjas de trabajadores (del turismo, la industria, servicios, entre otros) han perdido sus empleos y reducido sus ingresos, porque su actividad productiva requiere de energía eléctrica; operaciones quirúrgicas que no sean de primerísima urgencia, se posponen; el combustible para cocinar es cada vez más escaso y devuelve a los hogares al carbón o a la leña; la conservación de alimentos pende de un hilo, por falta de congelación.
La carencia de combustible elevó, con solo ser anunciadas las medidas de Trump, el precio del transporte privado, del carbón, de la “balita de gas” que se vende en el mercado negro y hasta de la leña y, en general de casi todos los productos cuya disponibilidad depende del transporte y la energía.
Entiendo que ello produce, a la vez, un aumento cuantitativo de las personas en situación de pobreza económica y formas más extremas de privación. Lo primero asociado a la pérdida de empleos, formales e informales, y al incremento de precios de productos y servicios esenciales. Lo segundo, efecto del debilitamiento de los servicios sociales de amparo y de su capacidad de protección
(4) Apalancamiento y vías de acción: Dada la actual combinación de limitaciones internas y presiones externas, ¿dónde identifica usted las oportunidades de apalancamiento más realistas para mitigar la pobreza a corto plazo? ¿Y a qué deberían prestar atención en este momento los responsables políticos, incluidos los de Estados Unidos?
¿Apalancamiento realista para mitigar la pobreza a corto plazo? La mitigación es una meta muy modesta, insuficiente, pero puede tomarse como un momento para tomar aliento y plantearse propósitos más ambiciosos.
Los responsables de políticas en el país, deberían tomar en cuenta que el apalancamiento a la mitigación pasa por una combinación rápida de herramientas asistenciales y de transformación. Por una parte, acelerar la identificación y tamizado de las situaciones de mayor precariedad, las urgencias críticas, y los grupos que las padecen con mayor rigor, para dirigir hacia ellos los escasos recursos disponibles en atención a sus carencias fundamentales. Los recursos provendrían de reestructuraciones del presupuesto nacional y de acciones locales. El trabajo social a escala comunitaria y sus instrumentos de identificación de vulnerabilidades y potenciales, es esencial.
Por otra, políticas de fomento económico y creación de empleos con incentivos para la inclusión social a escala local y todo el herramental de finanzas inclusivas, capacitación, asesoría y servicios de cuidado, para que grupos en desventaja logren entrar a zonas ventajosas del mercado de trabajo.
En tercer lugar, dentro de la perspectiva de emergencias y urgencias críticas, el rescate, en un primer momento en el mínimo posible, de servicios imprescindibles para la protección de la vida: alimentación, medicamentos, salud y acceso a agua e higiene comunitaria. Y para sostener la respuesta a urgencias y devolver “normalidad” mínima a la vida cotidiana, es imperativo el rescate de los servicios de electricidad.
Estimular redes de solidaridad, incentivar y articular apoyos y contribuciones del activismo ciudadano, el voluntariado, las iglesias, el sector privado, la población emigrada y la cooperación internacional, para movilizar recursos que puedan llegar a comunidades y grupos específicos, puede proveer recursos de “mitigación”.
Activar la participación ciudadana directa en proyectos, consultas, formulación e implementación de acciones de autotransformación de su entorno. El ámbito de la micropolítica es esencial para mitigar. Si de verdad la voluntad política es retomar un rumbo de justicia social, es imperativo dejar de asumir el disenso, la crítica, la protesta y las demandas a las políticas sociales, como amenaza que poder que debe disciplinar
Al gobierno de E.E. UU, paz y una vecindad de concordia, de respeto a la soberanía nacional, sin sanciones, para que probemos de verdad qué podemos hacer con nuestras propias decisiones, como país y como sociedad civil.
