EE. UU. está discretamente reasignando los fondos de ayuda humanitaria hacia deportaciones
By Francisca Vigaud-Walsh, Directora de Estrategia e Incidencia, CEDA
Fotografía: Lisette Poole
Es difícil dar seguimiento a todas las propuestas de política exterior que la Administración Trump ha presentado en tan solo cinco meses. Una de ellas se destaca por su potencial para desmantelar definitivamente lo que queda de la infraestructura humanitaria estadounidense: un plan para convertir el aparato humanitario estadounidense en una extensión de su maquinaria de deportación.
Esta propuesta busca reorganizar de manera radical la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, una oficina históricamente encargada de proteger los derechos y la seguridad de las personas desplazadas. Bajo la propuesta, PRM se transformaría en un sistema de apoyo encubierto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). ¿El mecanismo para este cambio? Desviar los fondos actuales de PRM hacia iniciativas que refuercen la capacidad del DHS para llevar a cabo deportaciones.
Según la Transmisión de la Notificación del Congreso 25-032, el Departamento de Estado tiene la intención de utilizar los fondos de PRM para apoyar los programas del DHS enfocados en la “coordinación de expulsiones” y el “retorno voluntario”. Este cambio, es decir pasar de brindar protección a facilitar expulsiones, se opone diametralmente a los objetivos de la política humanitaria estadounidense. Representa una traición fundamental a los principios humanitarios. La Ley de Migración y Asistencia a los Refugiados (MRAA, por sus siglas en inglés) se diseñó para brindar protección y soluciones a las personas refugiadas y otras personas desplazadas, y limita explícitamente el uso de dichos fondos hacia “personas refugiadas fuera de los Estados Unidos”. El uso de los fondos de la MRA para retornos coercitivos o no consensuados infringe décadas de precedentes, socava la intención del Congreso, y contraviene el espíritu de un presupuesto humanitario que desde hace tiempo se ha considerado fuera del alcance de las agendas impulsadas por los organismos de orden público.
La Administración Trump afirma que PRM seguirá apoyando labores humanitarias; sin embargo, se espera que se implemente una Reducción de Personal (RIF, por sus siglas en inglés) tan pronto como este viernes. Esta reducción se centraría en funcionarios públicos con la experiencia técnica necesaria para gestionar las asignaciones de asistencia humanitaria, participar en diplomacia humanitaria, y cumplir con los compromisos de larga data de los Estados Unidos con las personas desplazadas.
Fundamentalmente, esta transformación ya está en marcha. La Administración ha comenzado a redirigir $250 millones de la cuenta de Asistencia para Migración y Refugiados para financiar las iniciativas de "retorno voluntario" del DHS, incluyendo estipendios en efectivo y pasajes de avión para los denominados programas de "auto-deportación". Se trata de una reasignación discreta pero radical de fondos humanitarios hacia la logística de deportación, que refleja el desmantelamiento interno de PRM mediante recortes de personal y su reorganización. El sistema se está reestructurando en tiempo real.
En el centro de este giro se encuentra la propuesta de establecer una nueva “Oficina de Remigración” de la PRM. Esta oficina, aparentemente, “facilitaría el retorno voluntario de las personas migrantes a sus países de origen o de estatus legal” —pero el término “voluntario” podría verse de manera distinta cuando las únicas alternativas son la detención indefinida o la deportación forzosa.
El término "remigración" tiene sus raíces en movimientos anti inmigrantes europeos de extrema derecha, donde se ha utilizado como eufemismo para referirse a la limpieza étnica. Su adopción en el léxico político estadounidense resulta alarmante. Importar esta retórica a la política exterior estadounidense sienta un precedente peligroso: normaliza los marcos xenófobos dentro del mecanismo de la ayuda humanitaria y alinea la política estadounidense con regímenes que ven a las personas desplazadas, no como personas necesitadas de protección, sino como un problema que debe resolverse mediante la expulsión.
Esto no es solo una reestructuración burocrática, sino un desmantelamiento deliberado de capacidades. Y está ocurriendo antes de que el Congreso haya tenido la oportunidad de intervenir mediante la reautorización del Departamento de Estado o el proceso de asignaciones.
Las implicaciones son graves. PRM, la cual ya está bajo presión por un presupuesto drásticamente reducido y una crisis global de desplazamiento que afecta a más de 120 millones de personas, podría ver sus recursos restantes desviados hacia programas de organismos de orden público sin mecanismos de transparencia, supervisión, y rendición de cuentas necesarios. Desde refugiados rohinyás en Bangladesh hasta venezolanos solicitantes de asilo en Colombia o refugiados sudaneses en Chad, millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria estadounidense podrían quedar sin protección alguna.
Finalmente, debilitar a PRM supone desmantelar una infraestructura más amplia de política exterior, cuyos programas reflejan compromisos estatutarios y obligaciones convencionales que van más allá de la ayuda de emergencia. Eviscerar este aparato erosiona nuestros compromisos legales y despoja a nuestra política exterior de una de sus herramientas más estabilizadoras.
