Un Desafío Persistente: Obstáculos y Esfuerzos para Mejorar el Sistema de Protección de Costa Rica
Autor: Nicholas Aimé, Asistente de Programa para CEDA
En el año transcurrido desde el informe de CEDA, Costa Rica: Acceso a la Protección, el sistema de asilo del país ha estado bajo una presión creciente. La crisis de desplazamiento forzado en la región persiste, mientras que la capacidad de respuesta de Costa Rica se ha visto socavada por recortes drásticos en la ayuda internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. Un panorama de ayuda internacional devastado ha generado crecientes desafíos operativos para el sistema de asilo, y otras vías de protección han sido suspendidas o eliminadas. A pesar de este entorno adverso, el gobierno costarricense está tomando medidas importantes para mejorar su sistema de asilo. No obstante, las condiciones existentes siguen limitando el acceso a la protección para refugiados y otras personas necesitadas. Este comentario examina brevemente los principales acontecimientos desde mediados de 2024.
Nota Bene: Si bien CEDA reconoce la importancia de otros desarrollos recientes que afectan el panorama de protección en Costa Rica —en particular, los nuevos flujos migratorios en sentido inverso hacia el sur y la transferencia de solicitantes de asilo desde Estados Unidos a Costa Rica en febrero de 2025— una violación inaceptable de las obligaciones de protección por parte de ambos gobiernos— este comentario se limita a ofrecer actualizaciones sobre el sistema de asilo, tal como se analizó en el informe de CEDA de junio de 2024.
Los refugiados y migrantes siguen representando una parte significativa de la población de Costa Rica, con la última estimación del ACNUR indicando que las personas desplazadas por la fuerza constituyen el 5 por ciento de la población del país. Aunque muchas de ellas necesitan protección, más de 220,000 solicitudes de asilo seguían pendientes hasta mayo de 2025. Los solicitantes de asilo nicaragüenses representan aproximadamente el 83 por ciento de esas solicitudes. El creciente retraso amenaza el acceso al asilo. Los recortes drásticos a la ayuda internacional y la consecuente disminución en la capacidad de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) —en particular, su Unidad de Refugio— han agravado este retraso.
En años anteriores, la ayuda extranjera permitió al ACNUR brindar un apoyo esencial al sistema de asilo costarricense. Sin embargo, el congelamiento de la ayuda exterior por parte del gobierno de Trump a principios de este año, y las reducciones posteriores (algunas aún pendientes), han devastado las operaciones del ACNUR en todo el mundo. En Costa Rica, la programación del ACNUR fue recortada en un 41 por ciento, y su capacidad para registrar nuevos solicitantes de asilo disminuyó en un 77 por ciento. Una manifestación clave de esto ha sido la reducción del personal adscrito del ACNUR a la Unidad de Refugio para cubrir puestos críticos. Según Refugees International, el personal adscrito se redujo en un tercio hasta mayo de 2025. Esta fuerte dependencia de la ayuda internacional, en especial del financiamiento estadounidense, constituye una vulnerabilidad estructural del sistema de protección en Costa Rica.
A medida que estos recortes debilitan tanto el acceso a la protección como la capacidad de procesamiento de solicitudes de asilo, otras vías para migrantes en Costa Rica han sido cerradas a nuevos solicitantes o eliminadas por completo. Por ejemplo, anteriormente las autoridades costarricenses habían señalado que la Categoría Especial Temporal (CET), un estatus de protección temporal para personas que no calificaban para el asilo, podía renovarse. Sin embargo, el Viceministro de Seguridad, Omer Badilla, confirmó en abril de 2025 que la CET no se extendería para nuevas solicitudes, aunque los beneficiarios actuales podrían renovar su estatus por un período de dos años.
Otra vía era la iniciativa estadounidense de Movilidad Segura, que ofrecía reasentamiento en terceros países a un número limitado de refugiados, principalmente hacia Estados Unidos. Este programa fue cancelado abruptamente inmediatamente después de la investidura del presidente Trump, dejando a refugiados en Costa Rica que ya habían sido aprobados condicionalmente para el reasentamiento en EE.UU. sin la posibilidad de viajar.
En la práctica esto significa que el sistema de asilo costarricense, ya saturado, sigue siendo la única vía de protección disponible en el país. Como se señaló en nuestro informe de junio de 2024, el sistema ha estado plagado de ineficiencias. La Contraloría General de la República de Costa Rica publicó un informe de auditoría en el que evalúa sus debilidades y emite directrices destinadas a mejorar el sistema de asilo. Las directrices incluyen la elaboración de planes de acción con cambios procedimentales para acceder, recibir, procesar y otorgar el estatus de refugiado; el diseño de una nueva metodología para analizar los flujos migratorios, incluyendo información actualizada sobre los países de origen necesaria para la determinación de la condición de refugiado; y la creación de un instrumento de control de calidad.
Si bien los actores de protección entrevistados por CEDA informan que la DGME aún no ha abordado muchos de los hallazgos fundamentales de la auditoría, se están llevando a cabo esfuerzos serios, respaldados por voluntad política, para fortalecer el proceso de asilo. Una iniciativa prometedora es la digitalización del sistema de asilo, que establecerá una plataforma de gestión de casos en línea destinada a acelerar y agilizar el procesamiento. Se espera que este sistema se lance a finales del tercer trimestre de 2025.
Otra iniciativa significativa de la DGME y sus socios internacionales es un ejercicio de perfilamiento que involucra una muestra representativa de solicitantes de asilo nicaragüenses. Este ejercicio categoriza a las personas según distintos perfiles de riesgo para desarrollar plantillas de flujo de trabajo y modelos de adjudicación para cada perfil. Los actores de protección señalaron a CEDA que este perfilamiento es el eje central de la estrategia para reducir el retraso y mejorar la eficiencia.
Además, el número de cupos semanales para entrevistas de elegibilidad de asilo, anteriormente limitado a 360, aumentó a 960 a principios de este año antes de estabilizarse en 600. Los actores de protección informan que esta expansión ha reducido significativamente los tiempos de espera.
Mientras tanto, el gobierno costarricense ha eliminado barreras al empleo para los solicitantes de asilo mediante la emisión del Decreto Ejecutivo 44501, que les permite obtener permisos de trabajo al formalizar sus solicitudes de asilo. Entre enero y septiembre de 2024, el gobierno emitió más de 31,000 permisos, un aumento drástico en comparación con los 55 permisos de trabajo emitidos el año anterior.
En medio de estos esfuerzos, no se puede subestimar los nuevos obstáculos que enfrenta el sistema de protección costarricense. El desmantelamiento de la ayuda internacional por parte del gobierno de EE.UU. y de la comunidad de donantes en general es tanto contraproducente como profundamente irresponsable. Este colapso de financiamiento y la consecuente pérdida de capacidad de registro ilustran cómo el sistema de ayuda internacional está fallando en apoyar tanto al gobierno costarricense como a las cientos de miles de personas desplazadas por la fuerza que dependen del sistema. Agravando esta crisis, la eliminación de vías alternativas de protección impone una presión aún mayor sobre un sistema de asilo ya sobrecargado.
A pesar de este entorno sumamente desfavorable, el gobierno costarricense continúa avanzando en reformas sustantivas para fortalecer su marco de protección. La digitalización del sistema de asilo, la iniciativa de perfilamiento y la ampliación en la emisión de permisos de trabajo reflejan un compromiso proactivo con la protección. Si bien persisten desafíos significativos, CEDA reconoce el trabajo de quienes lideran estas iniciativas. Proporcionar protección a los solicitantes de asilo en Costa Rica ha sido —y seguirá siendo— una tarea titánica. Para preservar los logros obtenidos con tanto esfuerzo y fortalecer las salvaguardas para los solicitantes de asilo, es imperativo que los socios internacionales de Costa Rica movilicen recursos y apoyo adecuados en este momento crítico, en el que se está redefiniendo la arquitectura de la ayuda global.
Como CEDA destacó en su informe de junio de 2024, la viabilidad a largo plazo del sistema de asilo costarricense dependía del respaldo internacional sostenido y de reformas internas decisivas para reducir la dependencia del ACNUR. Esa necesidad es aún más urgente hoy. Estados Unidos debe restablecer de inmediato el financiamiento para mantener la infraestructura de protección de Costa Rica, incluyendo apoyo directo al sistema de asilo y la implementación de las directrices de la auditoría. Al mismo tiempo, Costa Rica también debe reconocer y abordar su responsabilidad de reducir la dependencia operativa del ACNUR —una debilidad estructural que la Contraloría General señaló explícitamente en la auditoría, incluso advirtiendo sobre un posible colapso sistémico. Mientras tanto, otros socios incluidos la filantropía privada, los donantes europeos, los bancos multilaterales de desarrollo y el sector privado, deben intensificar su apoyo para proteger y ampliar la protección a las personas desplazadas en Costa Rica. No invertir en este momento es contraproducente para el objetivo de construir sistemas de gobernanza migratoria compartidos y sensatos en toda la región.
